Hay cosas en la República Dominicana que todos sabemos que están ahí, pero que manejamos con esa prudencia conveniente del que prefiere no mentar al Diablo para no llamarlo. La ropa de paca es una de ellas. Está en la esquina de cualquier barrio, en los mercados del Cibao, en el sur profundo y, de manera aplastante, en la frontera. Todo el mundo ha comprado una pieza, miles de familias viven de venderla y el negocio mueve miles de millones de pesos. Sin embargo, si uno se va a la letra fría de la ley, el asunto entero flota en una bruma jurídica que oscila entre lo prohibido, lo tolerado y lo abiertamente clandestino.
El epicentro de este fenómeno tiene coordenadas claras: el mercado binacional de Dajabón. Basta con pararse un lunes o un viernes a ver el puente sobre el río Masacre para entender la dimensión del intercambio. Por ahí cruzan miles de personas y se mueven, según calculan las propias autoridades locales, más de 400 millones de pesos a la semana. En ese hervidero no solo hay víveres, pollo o plásticos. Hay toneladas de tela comprimida. La dinámica, además, tiene su propia ironía: mientras los compradores haitianos entran a buscar comida y medicinas, los dominicanos van a buscar la ropa, los zapatos y los artefactos que ellos traen del otro lado para revenderlos luego en sus respectivos pueblos. La frontera no es solo un límite geográfico o una tensión política; es, sobre todo, una caldera comercial que existe y prospera precisamente por ser frontera.
Ahora bien, ¿de dónde sale todo ese volumen? El dominicano suele asumir que las cosas simplemente "llegan", pero detrás de cada fardo hay una engranaje global impecablemente aceitado. La historia empieza en los armarios de Estados Unidos con el famoso spring cleaning, ese ritual primaveral donde la clase media norteamericana vacía closets para botar lo viejo. Pero el motor real no es la pura filantropía, sino el consumo. Existe lo que los académicos llaman el "efecto del descarte verde": la gente dona ropa usada para autoconvencerse de que está haciendo un bien al medio ambiente, lo que de inmediato le da permiso moral para ir al centro comercial a comprar piezas nuevas.
Ese flujo de donaciones se canaliza a través de organizaciones como Goodwill o el Ejército de Salvación. Pero contrario a la creencia popular de que esa ropa se le entrega en la mano a un necesitado de manera gratuita, la realidad es mercantil. Apenas un 10 o 20 por ciento se vende en sus tiendas locales para financiar sus programas. El resto, la inmensa mayoría, se vende al por mayor a empresas recicladoras y exportadoras textiles. A eso se le suma el llamado deadstock: excedentes corporativos, devoluciones y líneas descontinuadas que las grandes tiendas prefieren donar o liquidar para descontar impuestos antes que mantenerlas en inventario. Todo eso se clasifica, se prensa en bloques de 45 kilos y se envía en contenedores por el mundo. Un fardo que a un exportador le cuesta una fracción de nada se convierte, al llegar a Ghana, Kenya o República Dominicana, en una mercancía con valor de mercado. La caridad inicial muta en un negocio global de cientos de millones de dólares.
En la isla Española, el fenómeno tiene antecedentes viejos. La ropa usada empezó a llegar masivamente a Haití en los años sesenta bajo el nombre de "ropa Kennedy", vinculada a los programas de ayuda humanitaria de la época para contrarrestar la influencia de la Revolución cubana. Lo que comenzó como donación gratuita pronto creó sus propias redes locales de distribución y venta. Para la década de los ochenta, y con mayor fuerza tras la crisis de 1986, comerciantes haitianas comenzaron a cruzar la frontera de Dajabón para vender esa mercancía de este lado. Con el tiempo, el negocio del lado dominicano no solo creció, sino que tomó vida propia. Hoy en día no depende únicamente del cruce fronterizo informal; grandes importadores dominicanos traen contenedores enteros directamente por los puertos de Haina o Caucedo. Según registros de Aduanas, en los últimos años han entrado formalmente más de 42 mil toneladas de ropa usada al país.
Y es aquí donde el análisis choca con la contradicción insular. Desde 1973 existe en el país la Ley 458, que prohíbe explícitamente la importación de ropa usada y trapos por razones sanitarias, bajo el precepto de que pueden ser vectores de enfermedades contagiosas. La norma veta lo que venga de hospitales o lo que sea de "procedencia indeterminada". Pero, como suele ocurrir con tantas leyes en nuestra historia legislativa, la realidad le pasó por encima al papel.
Hoy el sector vive en una franja gris muy conveniente. Aduanas permite la entrada de cargamentos si vienen respaldados por certificados de desinfección y pagan impuestos bajo ciertos esquemas arancelarios. Sin embargo, al mismo tiempo coexiste el contrabando puro y duro, así como el fraude de quienes camuflan ropa nueva dentro de las pacas para evadir los aranceles que sí paga el comercio formal. Un vestido nuevo que debería pagar cientos de pesos de impuesto termina entrando por una fracción microscópica si se declara por libra como textil usado.
Pretender erradicar o clausurar el negocio de la paca en la República Dominicana a estas alturas es una utopía burocrática. Ningún gobierno se va a comprar ese pleito social. Para el ciudadano de a pie, la paca es la única vía democrática de vestirse con marcas de calidad a precios de sobrevivencia; para el pequeño comerciante, es el sustento de su familia; y para el Estado, es una válvula de escape que evita tensiones mayores en la economía informal. Al final, la paca seguirá ahí: caminando por la cornisa de la legalidad, alimentando el comercio fronterizo y demostrando que, en esta isla, las dinámicas del mercado siempre encuentran la forma de doblarle el pulso a las leyes.
Vea el video de Alec Corday:
